El Gobierno de Aragón, sometido a la doble presión del PAR y de la oposición del PP, ha sido incapaz de dar carta de naturaleza y traducir en ley el blingüismo de hecho que se da en la Franja. Al convertir en «lengua histórica» el catalán que se habla en los 83 municipios y no en lengua cooficial, se la condena a un estatus marginal a pesar de que es el instrumento de comunicación habitual para 50.000 de los 65.000 habitantes de las cinco comarcas afectadas. Lo mismo puede decirse de la fabla aragonesa, vestigio antiquísimo del reino de Aragón que se conserva en los valles pirenaicos.

Se da la paradoja de que Marcelino Iglesias, presidente de Aragón y catalanohablante, y por lo tanto testigo en primera persona de la realidad bilingüe, tiene que dar por buena una norma que, se mire por donde se mire, queda bastante lejos de la protección integral del patrimonio cultural de Aragón. Remitir a la voluntariedad el aprendizaje del idioma en la escuela es una forma indirecta de considerarlo un asunto menor, cuando lo cierto es que la vitalidad del catalán en la Franja responde a una larga y muy arraigada herencia histórica.

Los argumentos esgrimidos para justificar la decisión adoptada están en las antípodas de la realidad cotidiana y del rigor científico. La idea del PAR y del PP de que llamar catalán al habla de la Franja supone imponer la lengua de la comunidad vecina –Cataluña– tiene todas las trazas de un localismo sectario sin fundamento. La variante dialectal del catalán de la Franja, como cualquier otra, no se ajusta al ciento por ciento con el catalán normativo o estándar, pero es una derivación de este. Negarlo es una clamorosa muestra de ignorancia.

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